Una nueva ley prohibirá que las instituciones financiadas con fondos públicos, como ayuntamientos, organismos públicos e incluso sindicatos de estudiantes universitarios, boicoteen a las empresas que no consideren éticas, como aquellas que comercien con armas, combustibles fósiles, productos de tabaco o con productos de los territorios ocupados por Israel, como Cisjordania.
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